Horacio L. Zamudio/Noticias y Análisis

Defiende Lamarque a los yaquis

que atacaron a transportistas

El alcalde de Cajeme Javier Lamarque Cano entró en apoyo de los yaquis que atacaron a balazos a dos transportistas, con el argumento de que estos tomaron fotografías a los indígenas que mantienen un bloqueo carretero sobre la carretera Internacional.

Entre otras cosas, dijo que la carretera está en territorio de la etnia Yaqui, ignorando que toda la franja fue expropiada desde que se empezó a construir esa vía. En seguida manifestó que los transportistas tomaron fotos a los yaquis sin permiso de estos, de ahí que los hayan agredido a balazos, como si tomar fotografías fuera un delito.

Sin embargo los yaquis siempre se han opuesto a ser fotografiados porque saben que hacen mal al obligar a quienes transitan por la carretera a entregarles dinero, pero no hay ley que autorice agredir a balazos a nadie por ese concepto.

Los transportistas fueron atacados con armas de fuego luego de que tomaron fotografías al llamado Danzante Yaqui, monumento ubicado en Loma de Guamúchil, cerca de donde los indígenas mantienen su sitio para exigir dinero a los que por allí transitan.

El gobernador Alfonso Durazo, por su parte anunció que ya están identificados los agresores en tanto las víctimas de los yaquis presentaron denuncias formales en la Fiscalía de Justicia del Estado exigiendo se dé cumplimiento a la ley porque al ser atacados se cometieron varios delitos, uno de ellos por homicidio en grado de tentativa y uno más por asociación delictuosa, al margen de varios más.

Durante el percance varios agentes de la Policía Municipal fueron observados a un lado de los agresores, los que posaban muy tranquilos sin ser molestados como se ve en los videos que abundaron en torno a este asunto.

Uno de los mandos policíacos de Cajeme argumentó que no podían detener a los agresores “por órdenes de arriba”, pero de esto ni el alcalde Lamarque Cano ni el gobernador Durazo Montaño hablaron.

Ahora ya dieron tiempo suficiente a los agresores para que se remonten a la zona serrana mientras otros miembros de la tribu de agresores continúan con sus retenes recaudatorios en Loma de Guamúchil, Vícam y Pótam, donde obtienen un promedio calculado de un millón 250 mil pesos diarios por retén, esto es, cuatro millones y medio de pesos en los tres puestos de asalto que mantienen y pese a las protestas de los usuarios de la carretera el gobierno no hace nada para solucionar el problema, un problema que inició con el hoy desaparecido movimiento de protesta llamado No al Novillo, en 2011, que continuó con el inicio de operaciones del acueducto Independencia pero los yaquis aprovecharon para seguir cobrando cuotas por transitar por la carretera.

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